Estado Autonómico

Para comprender la actual situación de las Comunidades Autónomas hay que remontarse al momento de su gestación: la transición a la democracia. La transición pretendía sustituir el centralismo histórico que había marcado la organización española desde la llegada de los Borbones a España hasta la caída del franquismo por un estado de las autonomías en menor o mayor grado.

A pesar de lo que pueda pensarse, la CE de 1978 no crea las Comunidades Autónomas, ni establece su número ni concreta su forma de organización ni competencias, tan solo formula los procesos que deberían darse para constituir instituciones de autogobierno. La constitución se muestra tan difusa porque en el momento de su aprobación había que contar con el máximo consenso posible, sentando una base de mínimos de la que partir para alcanzar el acuerdo con los nacionalistas y a la vez que la norma no marcase claramente la disolución del estado centralista para que Alianza Popular y sectores de UCD diesen su apoyo al texto.

Los primeros pasos autonómicos que se dan son preconstitucionales y comienza con la aprobación de 14 preautonomías. La primera en establecerse en preautonomía es Cataluña tras reivindicar su condición de autonomía durante la II República. Suárez le concede la presidencia de la Generalitat a Tarradellas para evitar así que ERC pudiera posicionar un candidato propio que pudiera comenzar el debate soberanista. En el País Vasco, al no haber una referencia de liderazgo tan clara el gobierno decide que sean los diputados por el País Vasco los que elijan a su presidente. De esta manera, Suárez pensaba que resolvía el problema autonomista pues estas dos eran las únicas regiones con motivaciones descentralizadoras. Sin embargo, tras estas dos concesiones proliferaron las peticiones de autonomía por parte de otras regiones. El gobierno sopesa las opciones y considera que, lo mejor para el futuro sería extender por igual los derechos autonómicos para así frenar las aspiraciones de Cataluña y País Vasco y todas las regiones estuviesen al mismo nivel, por lo que se suman otras doce comunidades durante 1978 y hasta la aprobación de la CE. Estas preautonomías tenían una muy escasa dotación, pero desde el principio contaron con una Asamblea (formada por los diputados y senadores de las cortes por cada región), un presidente y su equipo de gobierno. Después, entre 1979 y 1983 se sumarían La Rioja, Madrid y Cantabria al club autonómico.

Tras la primera fase preautonómica iniciada por motivos históricos vino la impulsada a través del marco constitucional y con motivos técnicos y administrativos pues se apuesta por la cercanía de los servicios al usuario y eso solo era posible con la gestión autonómica. Así, partiendo de los artículos 143 y 151 de la CE las distintas autonomías iban adquiriendo competencias, ya fueran de gestión (el estado central regula y la autonomía gestiona la competencia) o de legislación (la autonomía elabora sus propias normas y las desarrolla). Esta segunda fase dota de competencias a los órganos de gobierno que se habían instaurado en los primeros años de la democracia (1977-83) pero dejando de lado de momento las dos grandes materias: sanidad y educación. Además la dotación de recursos para sufragar las competencias recibidas es escasa y en los años ochenta es común la presentación de recursos de inconstitucionalidad entre las CCAA y el Gobierno.

En los últimos años de gobierno de Felipe González el mapa político autonómico cambia, el Partido Popular logra victorias en algunas comunidades y hace frente común con País Vasco y Cataluña para iniciar una tercera fase de extensión competencial que tendrá su punto culminante durante la primera legislatura de Aznar. En 1996 el PP vence en las elecciones generales pero no obtiene mayoría absoluta, por lo que se vale de los apoyos del PNV y CiU para gobernar. Sin embargo, estos apoyos tuvieron un precio: se cedieron un gran número de competencias (la gestión total de la educación, aunque sometida a unos parámetros dados desde La Moncloa y la sanidad con el cierre definitivo del INSALUD) a las comunidades (nuevamente no se limitó a Cataluña y País Vasco para no generar grandes desequilibrios). Para financiar estas dos políticas las CCAA exigieron un aumento de sus ingresos y el gobierno popular les concedió la gestión de casi el 40% de los ingresos fiscales (que pasarían a casi el 50% con el gobierno de Zapatero) cerrando así la fase de mayor descentralización de la historia de España.

Durante la etapa socialista del 2004 al 2011 apenas se produjeron cambios competenciales, sin embargo, la actual crisis económica reveló un grave problema de gestión autonómica, siendo estas uno de los grandes causantes del déficit público actual. Este “agujero” no es debido a un exceso de competencias o una mala financiación (que, eso sí, es mejorable), sino a unas políticas clientelares por parte de los gobiernos autonómicos. El engrosamiento de las administraciones autonómicas y los grandes gastos de autobombo son producidos por la burocratización de los partidos políticos gobernantes (principalmente PP, PSOE y CiU que ven en el aparato una forma de colocar a sus militantes a la vez que ofrecen puestos de trabajo y aseguran la reelección) y políticas públicas fatuas, levantando grandes edificaciones, organizando exposiciones, ferias mundiales y celebraciones deportivas de escaso rendimiento económico. La mala praxis de los gobernantes autonómicos y la actual crisis económica llevan a que ahora se abra el debate constitucional en torno al estado de las autonomías y se hagan escuchar con más fuerza si cabe los sentimientos nacionalistas. En este debate hay varios lados; el centralista, hoy día liderados por UPyD, el soberanista (CiU, ERC, PNV, Bildu), el autonomista (PP) y el federalista (PSOE, IU).

Analizando cada postura se observa, primero, que la propuesta de UPyD está desfasada, una recentralización supondría unos gastos de partida inasumibles para el país además un aumento de la crispación territorial que no solucionarían el problema independentista. En el lado opuesto, los independentistas, obviamente, esta no es una opción buena para España, puesto que dejaría de existir como tal. Por lo cual no creo que sea este el espacio apropiado para debatir a quien perjudicaría más y la dejo de lado como posibilidad de mejora. En el medio de estas dos medidas estaría la visión autonomista, la del PP, que parece que de momento es la de dejar todo como está, puesto que a lo largo de los años han expandido sus redes institucionales y es muy difícil renunciar a cuotas de poder territorial (esta es la causa de que no recurran a la recentralización, como si propone UPyD) El PP ya está institucionalizado mientras que la formación de Rosa Díez no, e ir a una vía de más autogestión (que no autogobierno) va en contra de su línea programática, por lo que dejar pasar el tiempo se ve positivamente. Y por último, el federalismo, que ahora se pide desde el PSOE e IU, sin embargo, no proponen nada concreto. Esto es a causa de que, técnicamente, la única diferencia entre un estado federal y España es el nombre y que el senado no cumple la función territorial que si tiene el Bundesrat (el senado alemán).

De estas cuatro opciones y a la vista del origen real de los problemas territoriales de España, considero que el federalismo, por lo que significa nominalmente, podría acabar con las reivindicaciones históricas de algunas regiones, pero, siempre y cuando, se les otorgase vía constitucional las competencias reales que tendrá cada estado federal y como se financiará (gran error de la constitución del 78 no marcar esto, como se dijo en las primeras líneas) y se les diese voz en un senado útil territorialmente. Si desecho el estado autonómico es simplemente por el nombre, pero creo que se podría configurar con los elementos necesarios para que fuese eficaz, puesto que una reforma del senado y de las competencias que fije la constitución es perfectamente posible si existe voluntad política, que, desgraciadamente, es lo que falta en estos momentos.